Además de generar genuinos espacios de participación para la construcción de la base normativa que requiere la sociedad colombiana, y materializarla en una Ley Estatutaria, deben aprovecharse los instrumentos creados por ley para facilitar este proceso. Por este motivo, la construcción de la política pública se debe articular con el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 PNDE que, en sus 10 desafíos, recoge deudas pendientes con la sociedad en materia educativa desde la promulgación de la Ley General de Educación y son prioridades impostergables.
Estos desafíos se relacionan en la siguiente tabla:
Desafíos del PNDE 2016 – 2026
- Primero: Regular y precisar el alcance del derecho a la educación
- Segundo: La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación
- Tercero: El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles.
- Cuarto: La construcción de una política pública para la formación de educadores.
- Quinto: Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento.
- Sexto: Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.
- Séptimo: Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género.
- Octavo: Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación.
- Noveno: La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del gobierno, en todos sus niveles administrativos.
- Décimo: Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación.
Un ejemplo de movilización para promover la construcción participativa de la política pública, en contravía de los intereses de la “política” ha sido la construcción de amplia base participativa en todo el ámbito nacional a través de su Comisión Gestora y su Comisión Regional que se ha podido consolidar como una plataforma de participación a través de sus foros regionales y nacional, apoyados en una plataforma tecnológica.
Otro ejemplo reciente es la gestión adelantada por la Comisión Gestora del PNDE[6], con el apoyo de varios congresistas, para que el Plan Nacional Decenal de Educación fuera incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. En efecto, aunque los desafíos del PNDE, como se dijo, son prioridades impostergables del país, el Gobierno Nacional no los incluyó en las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo PND (como lo ordena el artículo 72 de la Ley 115) ni en el proyecto de articulado de la ley correspondiente.
El trabajo adelantado entre la Comisión Gestora del PNDE y miembros del legislativo dio a luz el Artículo 192 del Plan Nacional de Desarrollo que prescribe:
“ARTÍCULO 192°. ARMONIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON EL PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2016-2026. En cumplimiento de lo ordenado por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la política educativa del Gobierno nacional contenida en el presente Plan Nacional de Desarrollo deberá armonizarse con los propósitos y lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. Con el fin de fortalecer la planeación educativa en las regiones, los departamentos, distritos y municipios articularán y armonizarán sus Planes de Desarrollo en materia educativa con lo dispuesto en el Plan Decenal de Educación 2016-2026 y en el Plan Nacional de Desarrollo”.
Esto significa que tanto los gobiernos regionales como la sociedad civil disponen en la actualidad de un instrumento de gestión y articulación social y política en todo el ámbito nacional que puede funcionar como una infraestructura de apoyo para la tan necesaria y deseada construcción participativa de la política pública en educación. Es decir, contamos ahora con una herramienta que facilite la gobernabilidad y la gobernanza.