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La Política pública de educación en Colombia. Una deuda sin saldar II

La Política pública de educación en Colombia. Una deuda sin saldar II

En la primera parte de este artículo La Política pública de educación en Colombia. Una deuda sin saldar, se describe, desde un marco normativo que se vertebra desde la Constitución y la Ley General de Educación y desde un marco conceptual que plantea los enfoques de Teoría tradicional del Estado  y el enfoque de Teoría Contemporánea del Estado, que en Colombia no se ha construido una genuina política pública, que implicaría la acción participativa de representantes de los diferentes sectores de la sociedad para establecer los lineamientos y un horizonte en el cual todos nos sintamos comprometidos en la búsqueda de un país más civilista, equitativo y con un relato común que nos integre en nuestra rica diversidad.

Ahora vamos a desarrollar la parte propositiva de cómo se podría lograr la construcción social de la política pública educativa para alcanzar esta visión compartida a partir de instrumentos legales, metodologías y otros dispositivos. También vamos a abordar una dimensión específica y medular de la política pública en campo educativo, como es la política de formación de docentes.

Propuesta de articulación con instrumentos e iniciativas de política pública a partir de un acuerdo general

 

Manifiesta Aguilar (citado en la primera entrega): “En México cuando se habla de políticas públicas hemos recurrido a gobernar por leyes y gobernar por planes”. El autor piensa que, si bien leyes y los planes tienen una trascendencia considerable, generar leyes no es lo mismo que generar políticas, si la repartición de justicia es cuestionable; y que “los planes, por sí mismos, no solucionan los problemas y son camisa de fuerza que hacen a los políticos indiferentes a los cambios propios de las dinámicas sociales”.

Pero los planes y las leyes nos son buenas ni malas en sí, en tanto instrumentos cuya aplicación cualitativa depende de la voluntad humana. En Colombia el mejor ejemplo es la Ley General de Educación, que puede considerarse un triunfo de la participación social encarnada en el Movimiento Pedagógico y resultado de sus luchas, y dotó de orientación a la educación mediante principios, fines y objetivos, fortaleció la dimensión formativa sobre la académica, visibilizó el derecho a la educación y propuso la autonomía escolar, la participación democrática en los gobiernos escolares y los sistemas de aseguramiento de la calidad, todo lo cual ha tenido importantes efectos prácticos.

Pero también quedaron muchas deudas, aún no saldadas, como el poco impacto en el ejercicio de la autonomía, los pobres resultados en la construcción de ciudadanía, la falta de reglamentación del derecho a la educación y la poca incidencia de los planes decenales de educación por no ser mandatorios sino indicativos (Rodríguez, citado). Pero estos resultados no son deficiencias de la Ley ni del movimiento que la creó, sino de la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos posteriores a su promulgación.

Esto lo que demuestra es que el impacto de herramientas instrumentales de política como las leyes y los planes, depende de la gestión que se haga con ellos y es su aplicación lo que determina su alcance e impacto. Por eso se hace necesario en Colombia una genuina convocatoria para lograr acuerdos fundamentales en la política pública colombiana, que responda a los interrogantes:

  • ¿Hasta dónde llega el derecho de la educación en la trayectoria educativa y cuáles serían los mecanismos para hacerlo efectivo?
  • ¿Cómo se puede articular el sistema educativo en todos sus niveles para que responda a las demandas sociales de equidad y a los grandes problemas del entorno que reclaman urgentes soluciones?

Como ya se dijo en la primera entrega, la Ley general de Educación o Ley 115 en su artículo 9º, plantea que se debe desarrollar una ley estatutaria para garantizar el derecho a la educación y, sí se toman en cuenta las recomendaciones del CESU en el Acuerdo por lo Superior 2034, esta Ley estatutaria debería incluir el nivel superior de la educación:

“Por su carácter, una Ley de tipo Estatutario debe fundamentarse en el ejercicio de un derecho fundamental. Sin desconocer estos marcos, en la mesa se presentó esta propuesta considerando que podría ser esta una muy importante oportunidad para definir los alcances del derecho a la educación y en especial a la educación superior, y a partir de esta conceptualización definir los principios que la orientan y definen y establecen las características de la misma y las implicaciones de reconocer la autonomía con la responsabilidad que éste reconocimiento conlleva[1]”.

El Plan Nacional decenal de Educación 2016-2026, un instrumento fundamental de la política pública educativa

Además de generar genuinos espacios de participación para la construcción de la base normativa que requiere la sociedad colombiana, y materializarla en una Ley Estatutaria, deben aprovecharse los instrumentos creados por ley para facilitar este proceso. Por este motivo, la construcción de la política pública se debe articular con el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 PNDE que, en sus 10 desafíos, recoge deudas pendientes con la sociedad en materia educativa desde la promulgación de la Ley General de Educación y son prioridades impostergables.

Estos desafíos se relacionan a continuación:

Desafíos de la Educación en Colombia a 2026

 

  • Primero: Regular y precisar el alcance del derecho a la educación
  • Segundo: La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación
  • Tercero: El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles.
  • Cuarto: La construcción de una política pública para la formación de educadores.
  • Quinto: Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento.
  • Sexto: Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.
  • Séptimo: Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género.
  • Octavo: Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación.
  • Noveno: La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del gobierno, en todos sus niveles administrativos.
  • Décimo: Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación.

Un ejemplo de movilización para promover la construcción participativa de la política pública, en contravía de los intereses de la “política” ha sido la construcción de amplia base participativa en todo el ámbito nacional a través de su Comisión Gestora y una Comisión Regional que se ha podido consolidar como una plataforma de participación a través de sus foros regionales y nacional, apoyados en una plataforma tecnológica.

Otro ejemplo reciente es la gestión adelantada por la Comisión Gestora del PNDE[2], con el apoyo de varios congresistas, para que el Plan Nacional Decenal de Educación fuera incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. En efecto, aunque los desafíos del PNDE, como se dijo, son prioridades impostergables del país, el Gobierno Nacional no los incluyó en las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo PND (como lo ordena el artículo 72 de la Ley 115) ni en el proyecto de articulado de la ley correspondiente.

El trabajo adelantado entre la Comisión Gestora del PNDE y miembros del legislativo dio a luz el Artículo 192 del Plan Nacional de Desarrollo que prescribe:

“ARTÍCULO 192°. ARMONIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON EL PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2016-2026. En cumplimiento de lo ordenado por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la política educativa del Gobierno nacional contenida en el presente Plan Nacional de Desarrollo deberá armonizarse con los propósitos y lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. Con el fin de fortalecer la planeación educativa en las regiones, los departamentos, distritos y municipios articularán y armonizarán sus Planes de Desarrollo en materia educativa con lo dispuesto en el Plan Decenal de Educación 2016-2026 y en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Esto significa que tanto los gobiernos regionales como la sociedad civil disponen en la actualidad de un instrumento de gestión y articulación social y política en todo el ámbito nacional que puede funcionar como una infraestructura de apoyo para la tan necesaria y deseada construcción participativa de la política pública en educación. Es decir, contamos ahora con una herramienta que facilite la gobernabilidad y la gobernanza.

Política pública de educación y formación de maestros, construida con maestros

 

Otra de las cuentas educativas con saldo en rojo es el desarrollo docente como la piedra angular de la calidad educativa, la cual requiere una muy bien estructurada estrategia que recoja la experiencia y antecedentes reflejados en iniciativas encaminadas a la construcción de la política pública de formación de formadores, y se materialice en un Sistema Nacional de Formación Docente.

Entre estos antecedentes se construye un estado del arte del cual algunos de los principales aportes son:

  • VASCO, Carlos et all (2007). Base para una política de formación de educadores. Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle.
  • Universidad Nacional/MEN (2008). Políticas y sistema colombiano de formación y desarrollo profesional docente.
  • Ministerio de Educación Nacional (2013). Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política. Bogotá: Imprenta Nacional.
  • PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN –PNDE- (2018). Cuarto Desafío: Construcción de una política pública para la formación de educadores. En: Cuaderno Académico de la Comisión Gestora Del PNDE No. 1. Bogotá. Resultado del Foro Nacional transmitido por RENATA.
  • SÁNCHEZ, César. (2018) Construcción de una política pública para la formación de educadores. En: Revista Rutas de Formación No. 7. Bogotá: Escuela de Instructores del SENA.

A continuación, se relacionan algunos de los elementos que podría tener una política o sistema de formación de docentes, y son una síntesis de los mencionados estudios y documentos fruto de investigaciones y eventos con participación de directivos docentes, docentes y facultades de educación agremiadas en ASCOFADE, así como de foros nacionales desarrollados en el ámbito del PNDE.

Temas de la política y sistema de formación de docentes

El contenido de una política de formación de formadores puede incluir:

  • Ideales de sociedad y país sustentados en una educación transformadora
  • La identidad del maestro. Respuesta a decisiones gubernamentales que prácticamente suprimieron la pedagogía como fundamento de la profesión docente y lleva a plantear la dicotomía maestro funcionario vs. Intelectual; la pedagogía vs la disciplina; el estatuto antiguo, vs. el nuevo; lo público vs lo privado.
  • Reconocimiento del maestro como sujeto político reflexivo crítico e intelectual, frente a un ataque sistemático que pretende estigmatizar al maestro y poner a la sociedad en su contra.
  • Investigación. Los maestros se entienden como intelectuales que reflexionan sobre su práctica, sistematizan sus experiencias y producen conocimiento pedagógico.
  • Equilibrio entre formación disciplinar, científica, pedagógica, didáctica y política
  • Profesionales de la docencia que ejercen su acción transformadora sobre sus estudiantes, instituciones y comunidades para la solución de problemas concretos.
  • Formación Humana. Es un componente fundamental de la formación integral del docente que complementa su formación pedagógica y disciplinar.
  • Trabajar en contexto. El docente debe atender a las particularidades geográficas, culturales, económicas y sociales que se adecúen a la realidad multiversa de nuestro territorio.
  • Estructurar un Sistema de formación de docentes articulado a otros sistemas y subsistemas (educación, ciencia, tecnología)
  • Actores del proceso de formación: las facultades, las normales, los comités territoriales y otros agentes.
  • Continuidad de la formación y la necesidad de delimitar propósitos y contenidos
  • Referentes de una política de formación de maestros en la escuela y en el territorio
  • Alcances de la formación a partir de una concepción compartida de maestro y de necesidades de formación identificadas en la práctica pedagógica.
  • Reconocimiento de las prácticas docentes como componente esencial de la formación del maestro
  • Promover y apoyar las asociaciones profesionales de docentes por áreas del conocimiento
  • Una plataforma de formación continuada o permanente de los docentes
  • Crear los Institutos Superiores de Pedagogía
  • Construir sobre experiencias efectivas como Maestros formando Maestros y Todos a Aprender que deben volverse parte integral de la política pública.

Conclusión: hacia la construcción de una “Policy Factory”

 

Algunas de las lecciones aprendidas en este recorrido reflexivo sobre la naturaleza y gestión de las políticas públicas en educación, aportan algunos elementos para proponer una metodología de construcción de políticas públicas que hemos llamado “Fábrica de Políticas Públicas”:

  1. Lo primero que requiere nuestra factoría es una visión compartida. Esto supone abandonar la forma bisoña y cortoplacista con la cual suelen construir los mandatarios supuestos derroteros de largo plazo como “Visión 2019” o “Colombia la más educada 2025”, que, por falta de participación genuina y compromiso ciudadano, se agotan en los gobiernos que las proponen.
  2. Emplear metodologías propias de la Ciencia de las Políticas como policy studies (estudios de políticas) y el policy analysis (análisis de políticas) propuestas por Harold Laswell (citado por Aguilar, 2009) quien plantea que se requieren habilidades profesionales para “el conocimiento DEL proceso de decisión y habilidades científicas para el conocimiento EN el proceso de decisión”. Esto alude a la participación cualificada de expertos en el campo educativo. También otras herramientas metodológicas propias mencionadas como Policy Cycle y Enfoque Deliberativo, que permite una amplia participación y un proceso de decantación en la construcción tanto de las políticas mismas como de las propuestas para operacionalizarlas.
  3. Acudir a “visiones” o sueños de largo plazo que han convocado a los colombianos , que aún son vigentes, convocan y gozan de prestigio, como las recomendaciones de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo recogidas en el documento “Colombia al filo de la oportunidad” (1994).
  4. Apoyarse en infraestructuras disponibles como la Red de ONGS, las redes regionales del Plan Nacional Decenal de Educación, las asociaciones de instituciones educativas o gremios profesionales, las seccionales de Empresarios por la Educación, y las secretarías de educación entre otras, para lograr amplias convocatoria y participación.
  5. Establecer una metodología que incluya evaluación de indicadores de incidencia para garantizar una participación legítima y efectiva.
  6. Garantizar la participación de representantes de todos los sectores interesados y todos los tipos de instituciones y abandonar la visión vertical y paternalista, que impide que nos reconozcamos y respetemos como actores diferentes, pero con igualdad de derecho a la participación en los asuntos públicos que nos interesan y nos afectan.

Lea aquí la primera entrega de este artículo

[1] Documento de la Mesa Temática Política Pública y Sistema de Educación Superior para el acuerdo por lo Superior 2034. Diálogo Nacional hacia la construcción de una Política Pública de Educación Superior. “Política pública y sistema de educación superior en Colombia”.

[2] La Comisión Gestora del PNDE es un órgano de la sociedad civil conformado por organizaciones de universidades y otras instituciones educativas; gremios educativos, de empresarios y se articula en el ámbito nacional mediante las secretarías de educación y los actores vinculados a los diferentes desafíos en todas las regiones del país.

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