El Derecho a la Educación Superior

18/12/2023 8 min read 0 9

La publicación “El Derecho a la Educación Superior. Una perspectiva de Justicia Social”  divulgado por el IESALC reafirma el camino que ha empezado a transitar Colombia en el sentido de incluir a este nivel educativo como parte de los derechos fundamentales de las personas.

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El denominado documento conceptual desarrolla los elementos constitutivos del Derecho a la Educación Superior DES, adoptando el enfoque de justicia social; despliega los referentes que hacen parte del marco conceptual, las dimensiones que implica y las áreas que deben ser priorizadas.

Se ilustra cómo el camino hacia el derecho a la educación superior ha evolucionado desde que la educación se incluyó en la Declaración Universal de los DDHH en 1948 y en el Pacto por lo derechos sociales económicos y culturales de 1966 lapso en el que pasó de estar destinada para las élites, a hacer parte del proceso formativo al cual accede al menos la mitad de la población en muchos países.

Señala la publicación del IESALC que la educación superior, como derecho, ha recibido poca atención a pesar de que tiene mucho valor en varios niveles:

• Instrumental: mejora el status individual; la conciencia política y la habilidad para actuar como ciudadano informado; y permite la realización de la interacción con otros.
• Intrínseco: permite la adquisición de conocimiento, apoya la investigación profunda y la reflexión crítica
• Como bien público: debe estar disponible para todos mediante leyes, estrategias y planes que garantizan el aseguramiento de la calidad, la no discriminación, la inclusión y el acceso para todos.
• Como bien común: facilita la participación democrática y la solidaridad para superar el enfoque individualista y utilitarista que ha traído la comercialización de la educación.

Dimensiones del enfoque de justicia social del DES
La perspectiva de justicia social asumido por la IESALC, en el ámbito de la educación superior implica un abordaje sistémico y estructural el cual interrelaciona cuatro dimensiones:

El enfoque de las “5A” del derecho a la educación que implica: acceso, disponibilidad, calidad, pertinencia e inclusión y responsabilidad social

Excelencia inclusiva. Da el sentido al cambio con políticas institucionales, administrativas y el liderazgo hacia abajo. Se requieren nuevas estructuras que respondan a la diversidad de origen, necesidades y capacidades de quienes aspiran a la educación superior. No son los estudiantes quienes están fallando, sino los sistemas que los han defraudado.

Son necesarias políticas de discriminación positiva para la inclusión, tales como:

• Cuotas, un sistema de admisiones, currículos y materiales contextualizados.
• Grupos merecedores de equidad como estudiantes nuevos tradicionalmente excluidos, migrantes y otras poblaciones vulnerables en riesgo de inequidad en oportunidades de educación.
• Interseccionalidad. Diferentes formas de inequidad por género, raza o clase social que operan juntas y se exacerban mutuamente, en este caso en la educación superior, especialmente de grupos vulnerables y asegurar que tanto las barreras como las soluciones para el DES están diseñadas adecuadamente.

Urgencia del cambio de los sistemas educativos

La juventud y la inclusión del DES, demandan cambios en los sistemas educativos e instituciones para adaptarse al origen y a las necesidades de los estudiantes, en lugar de que los estudiantes se ajusten al modelo de educación superior dominante. El derecho a la educación superior es necesario para un mundo pos pandémico más social. La crisis mostró que la educación superior puede ser una herramienta para brindar soluciones y avanzar hacia un mundo más justo.

Énfasis

Para el garantizar el derecho a la educación superior el acceso no es suficiente; se debe abordar el concepto de éxito y se entiende como el resultado de contar con políticas institucionales y arreglos administrativos para brindar soporte a los estudiantes y así puedan participar a plenitud de una educación superior relevante y de calidad.

Diversidad

Para que los estudiantes alcancen el éxito y la relevancia de su formación es necesaria la diferenciación institucional y garantizar una oferta adecuada a través de IES especializadas, formas culturalmente apropiadas de la enseñanza y el aprendizaje, y/o el aprovechamiento de los beneficios de la tecnología, la cual para ser pertinente y equitativa requiere dispositivos, capacitación y conectividad universales.

Áreas que se enfocan

Como no son problemas de fácil solución en virtud a las circunstancias globales de la actualidad, se identifican como puntos de creciente preocupación los siguientes:

Repensar el criterio del mérito. No dejar solos a los estudiantes, que requieren equidad. Las IES deben cambiar de mirada que hoy se enfoca en los resultados y puntajes de exámenes, al acompañamiento y apoyo a esos estudiantes para lograr el éxito desde el ingreso hasta la graduación y más allá.

Financiación de la educación superior. Es el punto crítico del DES. Quienes defienden la gratuidad subrayan el riesgo de depender del sector privado para responder a la demanda de los estudiantes que requieren equidad. Los contraargumentos apuntan que en un escenario donde los estudiantes de familias acomodadas tienen acceso a la educación superior de forma desproporcionada, la educación superior gratuita sólo serviría para reproducir las desigualdades. Sin embargo, el documento plantea que para lograr plenamente la justicia social, la educación superior debe proporcionarse a todos los estudiantes de forma gratuita. Esto toma tiempo por lo que inicialmente se debe apuntar a grupos merecedores de equidad.

La actividad en la educación superior debe ser regulada para que cumpla con el principio de “aceptabilidad” es preciso un consenso de que ninguna provisión privada de la educación superior debe ser con fines de lucro.

Estrategias para las poblaciones migrantes. En la reflexión sobre la financiación debe incluirse a estos grupos y responder con marcos de reconocimiento de diferentes tipos de cualificaciones y mecanismos que reconocen el aprendizaje previo, priorizando refugiados y desplazados forzosos. Que los países adopten el Pasaporte de Cualificaciones de la UNESCO puede contribuir con este propósito.

Asegurar el derecho de los estudiantes en un contexto de globalización donde no es claro para quién es la educación, quiénes deben ser los oferentes y quién asume la responsabilidad.

El DES en Colombia

Es bien conocido que el artículo 67 de la CN determina que “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”. Se puede inferir del enunciado que abarca todos los niveles educativos, pero el mismo texto señala que la educación, “será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica” por lo que algunos concluyen que el derecho sólo abarca hasta este nivel.

Ese rango se amplió en Bogotá hasta la educación media mediante Resolución 4660 de la SED y en 2011 por la Nación a través del Decreto Nº 4807 de 2011. En la educación superior las demandas sociales por acceso y gratuidad hizo que los Gobiernos crearan programas como Pilo Paga que daba acceso a educación superior a estudiantes de colegios públicos con buen desempeño académico, pero condicionados a permanencia y desempeño por lo que hoy se ha convertido en un problema social por la deserción y el endeudamiento para muchos estudiantes y sus familias. Ademas tuvo la crítica que le quitó recursos a la universidad pública.

El tercer Plan Nacional Decenal de Educación 2017-2026, incorporó de manera clara el nivel de la educación superior en las dimensiones de acceso, cobertura, calidad permanencia, pertinencia y financiación. El primero de los diez desafíos del Plan es::

Regular y precisar el alcance del Derecho a la Educación

También cuenta con un lineamiento general que alude a la construcción participativa de la política pública educativa (participación a la cual se alude en la mayoría de los demás desafíos) y que bien puede ser el camino para lograr el acuerdo Nacional en el ámbito Educativo:

Lineamiento General del Primer Desafío del PNDE: “La creación formal de una comisión permanente que promueva y coordine el diálogo nacional y territorial sobre la naturaleza y el alcance del derecho a la educación y sobre las condiciones y estrategias que lo hagan efectivo, con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y con la participación de delegados de la academia, de las instituciones educativas y de investigación, del Departamento de Planeación Nacional y de las asociaciones de educadores y estudiantes, entre otros”.

La pandemia y la movilización social volvieron a poner sobre la mesa la extensión del derecho a la educación al nivel superior y la demanda por la matrícula cero. En respuesta el Gobierno que expira expidió documentos CONPES para la gratuidad de la educación superior del 90% de los estudiantes para 2022 y para el programa Generación E que también brinda acceso pero no dejo claro un esquema de financiación sostenible.

Nuestro país ha venido dando un giro del paradigma del mérito, la competencia y el individualismo, para la productividad y la competitividad, hacia el paradigma de la justicia social, la inclusión y la solidaridad para un escenario de inclusión y bienestar común. El triunfo en las elecciones del Pacto Social es una evidencia de ese giro. El Gobierno electo que inicia el 7 de agosto ha prometido la gratuidad de la educación superior y queda pendiente cuál va a a ser la política pública que establezca los alcances del derecho a la educación y su financiación.

Sin embargo, es importante tener en cuenta miradas como la de IESALC que plantea la necesidad de ir más allá de ofrecer disponibilidad y acceso y abordar la adaptabilidad y aceptabilidad que se relaciona directamente con una educación superior pertinente para el origen, las culturas y realidades propias de los estudiantes. Una educación que les devuelva la confianza en el futuro y les brinde un sentido de vida para sí, para impactar positivamente en sus comunidades y en la sociedad. En conclusión: el derecho a una educación superior relevante debe devolverle la esperanza a nuestra juventud.